Santo Domingo. – El Ministerio Público informó este viernes el arresto de cuatro médicas y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, como parte de las investigaciones sobre el caso de registros ilegales de defunciones que involucra al procesado Máximo Mendoza.
Las detenidas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, todas de profesión médica, además de Yluminada Altagracia Uceta, alcaldesa pedánea. El arresto se produjo en la sede de la Fiscalía de Valverde, bajo orden judicial, tras recopilar evidencias que las vinculan con delitos de falsificación y aporte de datos falsos en el registro de defunciones.
El órgano acusador adelantó que las imputadas serán sometidas a la justicia en las próximas horas, y solicitará la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde. En paralelo, el principal encartado, Máximo Mendoza, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, acusado de falsificar documentos públicos entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
De acuerdo con las autoridades, Mendoza utilizaba este esquema para afectar a personas vulnerables con supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, cuyos registros fueron procesados en Salud Pública y la Junta Central Electoral (JCE), en complicidad con médicos pasantes sin exequátur, entre ellos las cuatro arrestadas.
La investigación estableció que Mendoza ofrecía préstamos ilegales por montos entre RD$5,000 y RD$15,000, exigiendo como garantía las tarjetas de asistencia social de sus víctimas. En los casos en que no podía cobrar, simulaba ser familiar directo de las personas y gestionaba el registro de defunción en unidades de atención primaria de Mao y Esperanza.
El caso es dirigido por los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la JCE, y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde, con apoyo de la Dicrim de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la JCE. El grupo enfrenta cargos por violar los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
